¿Y si el problema es la propia Unión Europea?
Durante décadas se nos ha enseñado a pensar la Unión Europea como la culminación de un ideal histórico: la cooperación pacífica entre pueblos que durante siglos estuvieron enfrentados.
Sin embargo, esta narrativa oculta una cuestión fundamental.
La construcción europea no surgió como un proyecto de emancipación popular, no nació de movimientos obreros, no fue impulsada por sindicatos, no fue el resultado de procesos constituyentes democráticos protagonizados por las clases trabajadoras del continente.
La integración europea fue, ante todo, un proyecto impulsado por élites políticas y económicas que buscaban crear un gran espacio de acumulación capitalista estable, competitivo y protegido frente a los conflictos sociales que habían marcado la Europa del siglo XX.
Desde sus orígenes, la construcción comunitaria se articuló alrededor de un principio central: garantizar la libre circulación de capitales, mercancías y servicios dentro de un mercado cada vez más integrado.
Los derechos sociales podían variar, las políticas laborales podían modificarse, los sistemas públicos podían ampliarse o reducirse.
Pero los pilares económicos fundamentales quedaban progresivamente blindados en tratados cada vez más difíciles de cuestionar.
La democracia quedaba subordinada a la economía, no porque alguien lo ocultara especialmente, sino porque así fue diseñada la estructura institucional.
Cuando un gobierno decide nacionalizar sectores estratégicos encuentra obstáculos, cuando pretende romper determinadas reglas fiscales encuentra obstáculos, cuando plantea limitar la libre circulación de capitales encuentra obstáculos.
Sin embargo, las grandes corporaciones pueden operar dentro del espacio europeo con niveles de protección jurídica que los propios trabajadores rara vez disfrutan.
No es un fallo del sistema, es el sistema funcionando.
La gestión de la crisis griega entre 2010 y 2015 permitió observar esta realidad con una claridad excepcional.
Cuando el pueblo griego rechazó mediante elecciones y referéndum las políticas de austeridad impuestas por las instituciones europeas, la respuesta no fue una negociación entre iguales.
La respuesta fue una demostración de fuerza.
El mensaje era sencillo: Los pueblos pueden votar, pero los mercados no pueden perder.
LA UE COMO ACTOR IMPERIALISTA
Hablar de imperialismo en pleno siglo XXI suele provocar sonrisas condescendientes. Para muchos, el imperialismo pertenece a los libros de historia, a la época de las colonias, de los grandes imperios europeos y de las guerras de conquista.
Sin embargo, el imperialismo no desapareció con las independencias nacionales. Lo que desaparecieron fueron algunas de sus formas más visibles.
Hace más de un siglo, Lenin definió el imperialismo como una fase del capitalismo caracterizada por la expansión internacional del capital, la concentración económica, la búsqueda de nuevos mercados y la subordinación de regiones enteras a los intereses de las grandes potencias económicas.
Más de cien años después, aquella descripción sigue teniendo vigencia.
Las potencias capitalistas ya no necesitan gobernar directamente territorios lejanos. No necesitan virreyes ni administraciones coloniales. Les basta con controlar mercados, recursos estratégicos, cadenas de suministro, sistemas financieros y acuerdos comerciales.
Y la Unión Europea desempeña un papel central en esa arquitectura global.
Lejos de constituir una simple asociación de países cooperando en igualdad de condiciones, la Unión Europea actúa como uno de los grandes polos económicos del capitalismo mundial. Sus instituciones, sus tratados comerciales y sus políticas exteriores están orientados a garantizar el acceso de las grandes empresas europeas a materias primas, mercados y espacios de inversión en todo el planeta.
La retórica oficial habla de cooperación internacional. La realidad muestra relaciones profundamente asimétricas.
Mientras Europa exporta productos industriales de alto valor añadido, numerosos países del Sur Global continúan especializados en la extracción de materias primas, la producción agrícola intensiva o el suministro de mano de obra barata. Una división internacional del trabajo que recuerda, con nuevas formas, las viejas relaciones centro-periferia descritas por numerosos economistas marxistas durante el siglo XX.
El resultado es un sistema donde la riqueza fluye de manera desigual.
-Los recursos salen de África.
-Las ganancias terminan en Europa.
-La mano de obra barata produce valor.
-Los grandes beneficios se concentran en las sedes de las multinacionales.
Y todo ello se presenta como libre comercio.
Pero el libre comercio entre economías profundamente desiguales rara vez produce igualdad. Lo que suele producir es dependencia.
Por eso resulta difícil hablar de las migraciones sin hablar antes del papel que desempeñan las grandes potencias económicas en la configuración del orden mundial.
Millones de personas no abandonan sus hogares por capricho. Lo hacen porque las condiciones materiales de existencia en sus países se han vuelto cada vez más difíciles. Guerras, deuda externa, dependencia económica, extracción de recursos y subordinación a mercados internacionales controlados desde los grandes centros de poder forman parte de una misma realidad.
Y aquí aparece una de las grandes contradicciones europeas.
Las mismas instituciones que participan en la construcción de un sistema económico global profundamente desigual presentan después la migración como un problema externo que amenaza la estabilidad del continente.
Europa contribuye a generar las condiciones que empujan a millones de personas a emigrar y posteriormente despliega una gigantesca maquinaria política, policial y militar para impedir su llegada.
La llamada crisis migratoria no puede entenderse al margen de esta realidad.
Porque las fronteras europeas no comienzan en el Mediterráneo.
Las fronteras europeas comienzan allí donde empiezan los intereses económicos de las grandes potencias europeas.
La cuestión no es si la Unión Europea es imperialista porque tenga colonias. La cuestión es que ya no necesita tenerlas.
LA UE COMO PROYECTO SUBORDINADO A ESTADOS UNIDOS
La Unión Europea suele presentarse como un actor geopolítico independiente, una potencia capaz de defender sus propios intereses en un mundo cada vez más complejo y multipolar. Sin embargo, basta observar la historia reciente del continente para comprobar que esa autonomía es mucho más limitada de lo que habitualmente se reconoce.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental quedó integrada en un bloque político, económico y militar liderado por Estados Unidos. La creación de la OTAN consolidó una arquitectura estratégica que ha condicionado profundamente el desarrollo posterior de las principales potencias europeas.
Durante la Guerra Fría esta situación se justificó por la existencia de la Unión Soviética y la división del mundo en bloques enfrentados. Sin embargo, más de tres décadas después de la desaparición de la URSS, la dependencia estratégica europea continúa siendo una realidad difícil de ignorar.
La Unión Europea dispone de una enorme capacidad económica. Su mercado es uno de los mayores del planeta y sus empresas ocupan posiciones privilegiadas en numerosos sectores estratégicos. Sin embargo, esa fortaleza económica contrasta con una evidente debilidad política y militar.
Europa carece de una política exterior verdaderamente unificada. Carece de una estructura de defensa autónoma comparable a su peso económico. Y sigue dependiendo en gran medida de una alianza militar diseñada bajo liderazgo estadounidense hace más de setenta años.
La cuestión no es que Washington dicte directamente cada decisión que toman los gobiernos europeos. La realidad es más compleja que una simple relación de obediencia. Lo relevante es que las élites políticas, económicas y militares europeas forman parte del mismo bloque de poder occidental que Estados Unidos. Comparten alianzas estratégicas, intereses económicos y una visión similar del orden internacional.
Por eso, cuando surgen grandes conflictos geopolíticos, la supuesta autonomía europea suele encontrar límites muy claros.
La propia idea de una "Europa soberana" entra en contradicción con una realidad evidente: las cuestiones fundamentales de seguridad y defensa del continente continúan articulándose alrededor de una estructura donde Estados Unidos mantiene una posición dominante.
Resulta difícil hablar de soberanía europea cuando una parte esencial de su estrategia militar depende de una organización ajena a cualquier control democrático por parte de los pueblos europeos.
Resulta difícil hablar de independencia geopolítica cuando las grandes decisiones internacionales se toman dentro de un marco atlántico donde los intereses estadounidenses continúan desempeñando un papel central.
Y resulta difícil sostener que la Unión Europea representa una alternativa propia cuando, una y otra vez, termina actuando como uno de los pilares fundamentales del bloque occidental liderado por Washington.
Esta realidad tiene consecuencias políticas profundas.
Europa participa en tensiones internacionales que no siempre responden a los intereses de sus pueblos. Aumenta el gasto militar mientras se repite que no existen recursos suficientes para reforzar servicios públicos. Habla de democracia mientras acepta que cuestiones fundamentales de seguridad escapen al control efectivo de la ciudadanía.
Quizá el problema no sea que la Unión Europea haya perdido su autonomía.
Quizá el problema sea que nunca fue concebida para tenerla plenamente.
Porque una estructura política incapaz de desarrollar una estrategia verdaderamente independiente difícilmente puede presentarse como un proyecto soberano.
LA EUROPA FORTALEZA NO ES UNA ANOMALÍA
Cada vez que la Unión Europea endurece sus políticas migratorias se repite el mismo debate. Unos defienden más controles, más vigilancia y más expulsiones. Otros reclaman una Europa más humana y más fiel a los valores que supuestamente inspiraron el proyecto europeo. Sin embargo, ambas posiciones suelen compartir una misma premisa: que la política migratoria actual constituye una desviación de la verdadera esencia de Europa.
Pero ¿y si la Europa fortaleza no fuera una anomalía? ¿Y si fuera una consecuencia lógica del propio proyecto europeo?
Durante años se ha difundido la imagen de una Unión Europea construida sobre los principios de los derechos humanos, la paz y la fraternidad entre los pueblos. Sin embargo, cuando observamos cómo actúan realmente sus instituciones ante la llegada de personas migrantes aparece una realidad mucho menos idealista. Las fronteras se militarizan, los sistemas de vigilancia se expanden, los acuerdos con terceros países convierten a gobiernos autoritarios en guardianes de los intereses europeos y miles de personas continúan muriendo cada año intentando alcanzar las costas del continente. No estamos ante errores coyunturales ni ante decisiones aisladas, sino ante una orientación política sostenida durante décadas por gobiernos de muy distinto signo.
La contradicción resulta especialmente evidente cuando observamos qué circula libremente y qué no. La Unión Europea protege la libre circulación de capitales, mercancías e inversiones, fomenta la expansión internacional de sus empresas y defiende la apertura de mercados cuando ello beneficia a sus intereses económicos. Sin embargo, cuando las consecuencias humanas de ese mismo orden económico llaman a sus puertas, la lógica cambia radicalmente. Las fronteras se endurecen, los derechos se relativizan y la solidaridad desaparece del discurso político.
Lo que se presenta como una crisis migratoria es, en realidad, una crisis de las contradicciones internas del capitalismo europeo. Europa participa activamente en un sistema económico internacional que genera desigualdad, dependencia y desplazamientos de población. Al mismo tiempo, construye mecanismos cada vez más sofisticados para impedir la llegada de quienes sufren las consecuencias de ese sistema. La frontera se convierte así en un instrumento de gestión de las desigualdades globales. No se pretende resolver las causas que empujan a millones de personas a migrar. Se pretende contener sus efectos.
Por eso resulta insuficiente reclamar simplemente una Unión Europea más humana. La cuestión de fondo es mucho más profunda. Si la Unión Europea funciona como un gran espacio económico destinado a proteger los intereses de las principales potencias y corporaciones del continente, la existencia de fronteras cada vez más duras no constituye una contradicción. Constituye una necesidad estructural. Un sistema que necesita extraer riqueza de un mundo desigual también necesita protegerse de las consecuencias de esa desigualdad.
La fortaleza europea no aparece a pesar del proyecto europeo. Aparece precisamente como resultado de él.
Los muros no se levantan porque Europa haya fracasado. Los muros se levantan porque el proyecto europeo está funcionando exactamente como fue diseñado.
¿PUEDE REFORMARSE LA UNIÓN EUROPEA?
Una vez descrita la naturaleza de la Unión Europea como arquitectura económica del capital, como actor inserto en dinámicas imperialistas globales y como parte de un bloque geopolítico subordinado al orden atlántico, la pregunta sobre su posible reforma aparece de forma recurrente en el debate político europeo. De hecho, gran parte de las fuerzas progresistas siguen situando su horizonte en la democratización de las instituciones europeas, en su transformación interna o en una hipotética recuperación de su dimensión social originaria.
Sin embargo, quizá el problema no sea la falta de voluntad reformista, sino los límites históricos de aquello que se pretende reformar. La Unión Europea no es un conjunto de instituciones neutras que puedan ser reorientadas sin alterar su lógica interna, sino una estructura jurídica y económica construida mediante tratados que han ido fijando un marco cada vez más rígido para la intervención democrática. Ese marco no es accidental: define qué puede y qué no puede decidirse dentro del espacio europeo sin entrar en conflicto con sus principios constitutivos.
Por eso, cada intento de transformación profunda se encuentra con la misma contradicción. Las fuerzas políticas que acceden a las instituciones con programas de cambio social chocan con un entramado normativo, financiero y económico que limita estructuralmente su capacidad de actuación. Y cuando ese conflicto se agudiza, no es el marco el que se adapta a la voluntad popular, sino la voluntad popular la que termina replegándose sobre el marco existente.
No se trata de un problema de gestión, ni de una desviación coyuntural, sino de la consecuencia lógica de una construcción institucional en la que los elementos fundamentales del sistema —política monetaria, reglas fiscales, libre circulación de capitales, independencia del banco central— han sido situados fuera del alcance efectivo de la soberanía democrática.
En ese contexto, la idea de una reforma sustancial plantea una paradoja difícil de resolver: para democratizar la Unión Europea sería necesario modificar precisamente aquellos elementos que constituyen su núcleo estructural, pero modificar esos elementos implica una capacidad de soberanía política colectiva que el propio diseño institucional restringe de manera sistemática.
La cuestión, por tanto, no es si existe voluntad política para reformar la Unión Europea, sino si es posible democratizar un espacio político cuya arquitectura ha sido diseñada para limitar la intervención democrática cuando entra en conflicto con la lógica del capital.
Desde esta perspectiva, la apelación constante a la reforma puede funcionar también como un mecanismo de contención política: desplaza la ruptura del horizonte histórico y mantiene la energía política dentro de un marco que no se cuestiona en su base.
Por eso, más que preguntarse qué tipo de Unión Europea es posible, quizá la pregunta decisiva sea qué tipo de proyecto político puede surgir cuando se reconoce que el marco existente no es neutral, sino parte del problema.
La cuestión de fondo no es, por tanto, cómo perfeccionar la Unión Europea, ni cómo corregir sus desequilibrios internos, ni cómo devolverle una supuesta vocación original perdida. La cuestión es que la Unión Europea, en su forma actual, no constituye un instrumento adecuado para la emancipación de las clases trabajadoras europeas ni para una transformación internacional basada en la igualdad entre pueblos.
Desde una perspectiva marxista-leninista, el problema no es su desviación, sino su naturaleza histórica. Y asumir esa realidad implica necesariamente plantear la necesidad de construir otras formas de organización política y económica que no estén subordinadas a la lógica del capital europeo ni a la arquitectura institucional del orden existente.