La vivienda como negocio (y no como derecho)
En los últimos días ha vuelto a hacerse visible una realidad que define nuestro tiempo: un reducido grupo de 13 grandes propietarios acumula decenas de miles de viviendas.
No es una anomalía. No es un exceso. Es el resultado lógico de un sistema que convierte todo en mercancía, incluso aquello que debería ser un derecho básico.
El capitalismo no solo permite esta situación: la impulsa. Enseña que hay que acumular, invertir y extraer el máximo beneficio posible, sin importar el coste social. La vivienda, en este contexto, deja de ser un espacio para vivir y pasa a ser un activo con el que especular.
Por eso no hablamos únicamente de grandes tenedores o fondos buitre. También proliferan figuras más pequeñas: propietarios de tres o cuatro viviendas que viven de las rentas y se perciben a sí mismos como “emprendedores” o “inversores”, elevando su rentismo a categoría de empresa. No son una excepción al sistema, sino su reflejo a menor escala.
Mientras tanto, por debajo, existe una clase obrera que sostiene todo el entramado económico y que es, precisamente, la principal damnificada de esta lógica. No es raro encontrar situaciones en las que quien paga salarios bajos es, al mismo tiempo, propietario de viviendas que alquila a precios inasumibles para sus propios trabajadores.
Los datos no hacen más que reforzar esta contradicción. El salario más frecuente en España se sitúa entre los 15.500 y los 16.500 euros brutos anuales, una cifra que apenas permite sostener una vida digna.
Al mismo tiempo, los alquileres difícilmente bajan de 700 euros al mes en ciudades pequeñas, y superan con facilidad los 1.000 euros en grandes capitales.
A esto se suma otro elemento clave: los salarios llevan décadas prácticamente estancados, mientras que el coste de la vida —y especialmente el de la vivienda— no ha dejado de crecer. El resultado es evidente: una pérdida constante de poder adquisitivo y una precarización progresiva de amplias capas de la población.
Pero el problema no termina ahí. El empleo en España está fuertemente concentrado en los núcleos urbanos: las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas reúnen aproximadamente el 65% del empleo total, mientras que en ellas reside poco más de la mitad de la población.
Madrid y Barcelona, por sí solas, concentran una parte desproporcionada de las oportunidades laborales, mientras que más de tres cuartas partes del empleo se sitúan en el sector servicios, vinculado casi exclusivamente al entorno urbano.
Esto genera una contradicción estructural: el sistema empuja a los trabajadores hacia las ciudades porque es donde está el empleo, pero el mercado inmobiliario en esas mismas ciudades devora la mayor parte de sus ingresos.
Si el alquiler medio supera los 1.000 euros, un trabajador con el salario más frecuente tendría que destinar entre el 85% y el 90% de su sueldo solo a la vivienda. Es decir, una situación materialmente inviable.
En la ciudad hay trabajo, pero no se puede vivir. En el entorno rural, el coste es menor, pero el empleo es escaso.
El resultado es conocido: compartir piso, vivir en periferias cada vez más alejadas, dedicar horas al transporte y renunciar a cualquier capacidad de ahorro ya que con el salario más frecuente, la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad es prácticamente inexistente, lo que perpetúa la dependencia del alquiler y alimenta, a su vez, la subida de precios y la especulación.
El círculo se cierra: el empleo está donde no se puede pagar el alquiler, y donde el alquiler es pagable, no hay empleo.
Mientras tanto, la propiedad inmobiliaria se concentra cada vez más. Casi cuatro de cada diez viviendas en España pertenecen al 10% más rico, lo que no hace sino profundizar la brecha de clase.
No estamos ante un fallo del sistema. Estamos ante su funcionamiento normal. La vivienda se ha integrado plenamente en la lógica del beneficio, y mientras siga siendo así, la tensión entre quienes necesitan un hogar y quienes buscan acumulación no hará más que intensificarse.
Hablar de vivienda es hablar de clase, de poder y de desigualdad estructural. Recuperarla como derecho implica algo más que regular precios o limitar abusos: implica cuestionar la base misma de un modelo que convierte la necesidad en negocio.
Porque, en última instancia, el mercado del alquiler no es otra cosa que una forma de apropiación de la vida ajena: el trabajador paga por existir, y el rentista cobra sin producir.